Tres involucrados en caso Tlanixco obtendrán su libertad

Por escrito –debido a que el juez se negó a formalizar el trámite de manera verbal durante la audiencia de declaración preparatoria por reposición del procedimiento-, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se desistió de la acusación en contra de tres de los seis presos de Tlanixco.

 

Con el documento recibido a las 20:30 horas de este sábado, familiares y defensa confían en que a más tardar el lunes recuperen su libertad Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González y Lorenzo Sánchez Berriozábal, quienes ya han pasado 13 años de su vida en prisión.

 

“Una vez que se ha realizado un estudio minucioso de todas y cada una de las pruebas del presente asunto, con este escrito vengo a desistirme de la acción penal en contra de los presos”, refiere el documento signado por la agente del MP y autorizado por el fiscal central jurídico.

 

Durante la diligencia, Maximiliano Vázquez Castañeda, juez primero penal de Primera Instancia de Toluca –el mismo que dictó la sentencia condenatoria a más de 50 años de cárcel a los seis indígenas nahuas procesados en el caso-, negó al MP la posibilidad de manifestar verbalmente su desistimiento, bajo el argumento de que una audiencia de declaración preparatoria es de carácter solemne y, por tanto, no puede incluir manifestaciones que no se encuentren relacionadas. En todo caso, le ofreció tomar su comparecencia, pero nunca le especificó cuándo.

 

Acto seguido, el juez salió abruptamente de la sala de audiencias a alrededor de las 19:00 horas de éste sábado, ingresó a una de las oficinas de la sala por varios minutos, después realizó un cambio a otra de las oficinas de la misma sala, y regresó sólo para declarar el cierre de la diligencia y determinar que hasta el martes próximo tendría una resolución, sin siquiera consultar a las partes sobre si deseaban realizar una última manifestación.

 

José Antonio Lara Duque, abogado defensor de los acusados, indicó al juez que sus defendidos en ningún momento fueron consultados ni refirieron su interés por ampliar el término de decisión, e indicó que todas las partes se quedaron sin realizar sus últimas consideraciones.

 

Vázquez Castañeda justificó que durante la audiencia refirió la posibilidad de que la resolución se emitiera hasta las 72 horas, por lo que jurídicamente se encontraba en los tiempos establecidos para tomar una decisión. E indicó que cualquier manifestación podría planteársele por escrito.

 

De manera inmediata, el juzgador solicitó a los medios de comunicación abandonar la sala, con el argumento de que se cerraría porque la diligencia había concluido.

 

Aún sorprendidos, tanto la MP como la defensa intentaron, durante al menos una hora, dialogar con el juez; redactaron y le remitieron por escrito el desistimiento, de tal manera que durante la diligencia ya no hubo posibilidad de que Maximiliano Vázquez diera trámite al desistimiento.

 

En la audiencia, celebrada bajo la observación de personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), fueron leídas algunas declaraciones con las que sentenció a los defensores del agua; todas, de carácter genérico.

 

Ninguna de las más de 50 testimoniales que obran en el expediente, advirtió Lara Duque en entrevista posterior, señala de manera directa a los detenidos; todas las declaraciones advierten que una persona falleció, pero ninguno conoce en qué circunstancias.

 

Durante su intervención, Dominga González, ama de casa de 63 años, quien no estudió ni sabe leer, y a quien se le detuvo porque la parte acusadora señaló a “una mujer morena, chaparrita y chapeadita”, precisó que el 1 de abril de 2003, día en que murió el floricultor español Alejandro Isaak Basso, ella se encontraba en la Iglesia.

 

“No tengo nada que ver con todo lo que pasó en el pueblo. Pido al juez que me deje en libertad porque soy inocente”, dijo, desde la parte trasera de la rejilla de prácticas.

 

“Que quede claro que soy inocente”, destacó, en su turno, Marco Antonio Pérez, quien apenas concluyó la primaria y se dedicaba a la construcción, ganaba entre mil y mil 200 pesos semanales para mantener a 7 dependientes económicos cuando fue detenido.

 

“Soy y somos inocentes”, insistió Lorenzo Sánchez –quien estudió hasta la secundaria y se dedicaba al comercio-, tras pedir al juez su libertad inmediata por esta razón; el juzgador apenas pidió asentar en el acta que su petición era imposible de determinar y atender en ese momento.

 

Finalmente, el coordinador general del CDHZL confió en que este fallo siente las bases para conseguir la libertad de los otros tres sentenciados de Tlanixco: Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal y Rómulo Arias Mireles, sentenciados en 2007 también a más de 50 años de cárcel, pues a diferencia de sus compañeros tienen en su contra una sentencia confirmada por el Tribunal de Alzada, que en aquellos años se llamaba Sala.

 

“Hay que hacer tramitología para garantizar el debido proceso, y eso significa que Tribunal de Alzada debe valorar pruebas nuevas, nuevos ejercicios”, añadió.

 

No obstante, confió en que también resultarán absueltos, pues fueron juzgados con las mismas pruebas viciadas de origen; además, Pedro ni siquiera estuvo presente en el lugar y hora de los hechos, el propio abogado de la parte actora, de nombre Adolfo Vázquez Carrasco, reconoció que todo fue mentira; y algunas de las presuntas víctimas de privación ilegal de la libertad reconocen que nunca fueron encerrados.

 

Además de la muerte de Alejandro Isaac, los detenidos, todos con un papel importante en el Comité de Agua de Tlanixco, fueron acusados de privar de la libertad a 11 floricultores de Villa Guerrero que les disputaban el disfrute del Río Texcaltenco.

 

L

Deja una respuesta