Proponen eliminar beneficios de exgobernadores en Edomex

El grupo parlamentario de Morena en la Legislatura local propuso eliminar las pensiones “disfrazadas” para los ex gobernadores del Estado de México y la asignación de personal de seguridad, chofer y secretaria con cargo al erario.

 

Azucena Cisneros Coss, presidenta de le Mesa Directiva de la 59 Legislatura del Estado de México (foto Congreso local)

La diputada Azucena Cisneros, promotora de la iniciativa, recordó que el 18 de julio de 1945 se promulgó en Gaceta del Gobierno el Decreto 87 de la 36 Legislatura del Estado de México, donde se dispuso que “al término de su gestión, el gobernador puede recibir premios y recompensas por servicios eminentes prestados al Estado”.

 

Años más tarde, indicó, el otrora gobernador Ignacio Pichardo Pagaza expidió un Decreto publicado el 7 de mayo de 1993 en la Gaceta del Gobierno número 86, en el que se plantea que “como reconocimiento a su desempeño en el cargo de gobernador del Estado, es conveniente adoptar las previsiones necesarias a fin de que se normen los apoyos mínimos para la preservación de su integridad y seguridad y para el desarrollo de sus actividades personales, una vez concluido tan honroso y alto cargo al servicio del Estado”.

 

Las modificaciones contemplan en el artículo primero que quienes hayan ocupado el cargo de gobernador del Estado de México tendrán derecho, al concluir su gestión, a tener a su adscripción: un jefe de ayudantes con categoría de subdirector rango nueve, con nivel de jefe de ayudantes de secretario general de gobierno.

 

Además, un chofer ayudante con rango cinco, con categoría de chofer de secretario general de gobierno; tres ayudantes con categoría de oficial de seguridad pública, nivel catorce, rango cuatro; una secretaria, con categoría de secretario particular de secretario, nivel 27, rango 9, del Gobierno del Estatal.

 

Cisneros Coss advirtió que ambos decretos son contrarios a derecho, pues no se justifica que una vez que los exgobernadores han concluido su gestión, se les destine personal con cargo al erario.

 

“Es un uso indebido de recursos sin fundamento en el ejercicio de un empleo, cargo o comisión público; representa el establecimiento de una remuneración más allá de la pensión, liquidación o retiro”, dijo, tras advertir la posibilidad de que el jefe de ayudantes con categoría de subdirector sea en realidad una pensión económica encubierta destinada a los exgobernadores.

 

Para Morena, éste decreto además implica un tratamiento desigual y discriminatorio frente a los requerimientos de seguridad de la ciudadanía, y no representa utilidad pública, pues los exgobernadores ni siquiera son ex servidores encargados de la procuración de justicia o de seguridad pública, y aún en estos casos es necesaria una justificación.

 

El pasado 3 de diciembre, rememoró, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) actualizó los lineamientos para la protección y seguridad a través de la asignación del servicio de escolta a servidores y ex servidores públicos, con límites de temporalidad y modalidades de análisis de riesgo, y “sólo bajo esos parámetros es aceptable”.

 

Los gastos en los apoyos a los exgobernadores, prosiguió, tampoco se justifican si se toma en cuenta el elevado endeudamiento de la entidad y la falta de dinero para atender problemáticas más apremiantes.

 

La propuesta fue turnada a las Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y posterior dictamen. No obstante, la priísta María Mercedes Colín Guadarrama, titular de ese órgano parlamentario, anticipó que no convocará a los trabajos de Comisión que no sean acordados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

 

Por su parte, Maurilio Hernández, presidente de la Jucopo, advirtió que los trabajos en comisiones son una obligación de los diputados y no requieren una instrucción de la Junta para celebrarse.

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