Pide gobernador a diputados le autoricen contraer prestamos por mil 900 mdp

El gobernador Alfredo del Mazo solicitó a la Legislatura local autorización para contratar “uno o varios financiamientos” por mil 900 millones de pesos más gastos accesorios, y para los 125 ayuntamientos mexiquenses por hasta mil 373 millones 382 mil 912 pesos equivalentes a 25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) para obras de infraestructura.

 

En el caso de la solicitud para la administración mexiquense, la iniciativa faculta al mandatario estatal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, además a contratar, fondear, pagar, celebrar o suscribir todos los documentos, títulos de crédito, contratos, convenios, mecanismos, mandatos, instrucciones irrevocables, cartas, avisos, mecanismos o cualquier instrumento legal que permita costear los gastos adicionales del financiamiento por mil 900 millones, mitigar riesgos de tasas de interés o garantías de pago oportuno, etc.

 

Las deudas se pagarán en 20 años, podrán contratarse con instituciones del Sistema Financiero Mexicano y la Banca nacional de Desarrollo, en pesos o en Unidades de Inversión, bajo las mejores condiciones del mercado, y ejercerse “durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020, según los requerimientos del Estado”.

 

Su objetivo es realizar “diversas acciones para mejorar el bienestar de la población mexiquense en el desarrollo de infraestructura en materia de comunicaciones, agua y obras públicas”.

 

En una segunda iniciativa, Del Mazo Maza pide a los diputados autorizar a los 125 municipios mexiquenses a gestionar y contratar con cualquier institución de crédito integrante del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones del mercado, “uno o varios créditos o empréstitos” que de manera global se estiman en mil 373 millones 382 mil 912 pesos.

 

El planteamiento contempla como límite de endeudamiento y fuente de pago el equivalente de hasta 25% de los ingresos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que les corresponden de forma individual.

 

Los recursos contratados por los ayuntamientos, exclusivamente podrán destinarse a obras, acciones sociales básicas e inversiones relacionadas con agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda y mantenimiento de infraestructura en beneficio de la población en rezago social y pobreza extrema, en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, y en zonas de atención prioritaria.

 

Lo anterior, bajo el argumento de que el Estado de México y sus municipios mexiquenses ocupaban, hasta 2015, el lugar 22 a nivel nacional en índice rezago social, según Coneval, mientras el informe anual de pobreza 2018 emitido por la Secretaría de Bienestar revela que 41.7% de la población mexiquense vive en pobreza moderada y  6.1% en pobreza extrema.

 

Cada municipio deberá contar con la autorización del cabildo y podrá contratar los créditos a más tardar el 20 de septiembre de 2020 y deberá pagarlos en su totalidad el 31 de diciembre de 2021; además, deberá prever anualmente en su Presupuesto de Egresos el importe que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda en cada ejercicio fiscal.

 

Los ayuntamientos podrán negociar con la institución acreditante los términos y condiciones, a excepción de la tasa fija.  Sin embargo, podrán autorizar al estado a instrumentar un fideicomiso irrevocable de administración y pago, para afectar hasta en 25%, el derecho y los ingresos que les correspondan por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, con el fin de cubrir los compromisos de pago derivados de las obligaciones que contraten.

 

Ambas iniciativas fueron remitidas a las comisiones de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas para su análisis y dictamen.

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