Periodistas, diputados, instituciones públicas y derecho a la información… en análisis

La Ley de Protección a Periodistas del Estado de México debe comenzar con elevar a rango constitucional el reconocimiento explícito del trabajo periodístico como un bien de interés público, reconoció la diputada morenista Azucena Cisneros, tras organizar la conferencia magistral “Ley de Protección a Periodistas: Una mirada desde el análisis internacional de Francesco Forgione”, con el propósito de abrir la discusión para construir la norma.

 

Además, destacó, la Ley de Protección a Periodistas es urgente y debe ser muy recelosa por lo que conlleva, en el entendido de que la información que poseen, analizan y transfieren los periodistas es de utilidad pública.

 

De este ejercicio también se desprende la necesidad de que el mecanismo de protección no dependa de la Secretaría General de Gobierno, por la desconfianza que genera y porque operado desde una dependencia gubernamental ha presentado fallas, pues varios periodistas y defensores de derechos humanos del país han sido asesinados pese al mecanismo de protección.

 

Por el contrario, dijo, se requiere que sea un mecanismo de intervención inmediato y absoluto, que se ponga en marcha de oficio, sin requisitos, a través de una Comisión Especial del Congreso del Estado, para garantizar su pluralidad, en la que intervenga el secretario general de Gobierno.

 

Cisneros Coss, promotora de la iniciativa que para su construcción implementará mesas de trabajo con periodistas de todas las regiones de la entidad, anticipó que la norma se edificará, de entrada, con las propuestas que generen consenso, mientras las que provoquen disenso o controversia pueden ser analizadas e incluidas en leyes secundarias.

 

Entre las normas secundarias, anticipó la Ley de Profesiones en la que se establezcan salarios dignos, contemple la capacitación y regule el ámbito laboral; y la Ley de Publicidad Gubernamental que trabaja el diputado Max Correa, quien dijo que el problema fundamental de este ordenamiento consistirá en establecer la diferencia entre publicidad y embute.

 

En tanto, el periodista, escritor y ex diputado italiano, advirtió que la Ley y los mecanismos de protección deben ser inmediatos, y no pueden esperar a una reestructuración del sistema ni a la solución de problemas contractuales, pues en lo que va del año diez periodistas han sido asesinados en México.

 

Refirió que en Italia existe un mecanismo de protección que aplica por igual a narcotraficantes que se vuelven colaboradores de la justicia, empresarios y alcaldes que denuncian extorsión o corrupción, o sociedad civil denunciante, y es eficaz porque el sistema judicial es completamente autónomo y sus integrantes son designados por concurso y capacidades.

 

Este mecanismo, implica la protección al personaje amenazado y su familia, con elementos de seguridad suficientes para cada miembro las 24 horas del día y la asignación de autos blindados.

 

Además, contempla cambio de residencia e incluso cambio de identidad, ofrece servicios de salud, asistencia psicológica e incluso psicotrópica (que podría requerirse en el caso de los colaboradores de justicia), y la justicia reparativa para las víctimas; en el caso del periodista, además se debe garantizar su trabajo.

 

Todas estas medidas se costean a través de un fondo construido con los recursos de los bienes decomisados por narcotráfico y secuestro.

 

Aun así, en ese país se contabilizan 13 periodistas asesinados. En toda Europa, dijo, hay 450 periodistas amenazados en el último año, sobre todo mujeres, mientras en Italia entre 20 y 30 se encuentran protegidos.

 

 

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