En Edomex Ejecutivo renuente a aceptar mandato del Legislativo… se negaba a publicar decretos de MORENA

Casi 30 decretos que habían sido aprobados por la Legislatura local entre septiembre de 2018 y abril de 2019 fueron promulgados en cascada con fecha 12 de junio, después de que el lunes pasado la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Legislatura local envió a la Secretaría de Justicia un requerimiento para ponerse al día.

En todos los casos, de forma inédita habían transcurrido ya los 30 días naturales previstos por la Constitución local para que el gobernador vetara los instrumentos jurídicos, lo que en ningún caso ocurrió, con lo que se entendía que no había objeción para ser promulgados y, por tanto, para entrar en vigor al día siguiente de su publicación.

Entre los decretos rezagados se encuentran el dictamen de la Cuenta Pública 2017 que ordena al Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) la celebración de auditorías especiales al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), al Instituto de Salud Estatal (ISEM), a la Universidad de la entidad (UAEMex), al Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC) y los Cuerpos de Seguridad Auxiliar (CUSAEM), y la implementación del proceso de remoción del auditor superior estatal, Fernando Baz Ferreira.

 

Tampoco se habían promulgado la reforma al artículo 61 de la Constitución local que regresa a la Legislatura la facultad para calificar las Cuentas Públicas (el manejo de recursos públicos), la tipificación de los crímenes de odio como delito grave, la obligatoriedad de locales comerciales para disponer cajones de estacionamiento para personas con discapacidad y reformas a la Ley de Trata de Personas, entre otras.

En la actualidad, el artículo 77 de la Constitución local establece como facultades y obligaciones del gobernador “promulgar y publicar las leyes, decretos o acuerdos que expida la Legislatura del Estado, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”, pero no especifica un término.

En contraste, el artículo 59 del mismo ordenamiento dispone que “el gobernador del Estado podrá formular observaciones a las leyes o decretos que expida la Legislatura y remitirlas para su discusión y, en su caso, aprobación dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción”.

Maurilio Hernández, presidente de la Jucopo, indicó que el pasado lunes “se envió un requerimiento al Ejecutivo a través de la Secretaría de Justicia como encargada de la publicación, señalando que ya se habían cumplido los plazos y era necesario que publicaran. Ya no hicieron observaciones, luego entonces se puede aplicar la afirmativa ficta”, expuso.

 

Sobre el requerimiento, hasta el 12 de junio por la tarde la Legislatura local no había recibido respuesta, según lo admitió el además coordinador parlamentario de Morena, quien para entonces estimaba en al menos 12 los decretos e iniciativas no publicadas en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México.

 

Hernández González descartó, sin embargo, que en el retraso haya existido dolo o la intención de pasar por alto al Poder Legislativo. “Yo creo que más bien es falta de atención al procedimiento, pero eso se corrige… Podría decir que no pusieron atención en los tiempos. Probablemente (se les traspapeló)”, justificó.

De cualquier manera, no descartó la necesidad de realizar una reforma, con la finalidad de que se precisen la obligatoriedad y los plazos para la promulgación.

“Habría que revisar, tenemos que adecuar la ley para evitar que este tipo de lagunas, que se generan ante la nueva realidad, creen incertidumbre”, añadió.