En caso Atenco doce años después Corte Interamericana responsabiliza de represión y tortura al Estado mexicano

Tras considerarlo responsable, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado mexicano sancionar –incluida toda la cadena de mando- la represión y tortura policiacas ocurridas el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco contra 11 mujeres detenidas de manera arbitraria.

 

La Corte IDH notificó la sentencia adoptada el 28 de noviembre pasado en San José de Costa Rica, en la que se declara la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra estas mujeres, en las que además de las detenciones arbitrarias se enlistan la tortura física, psicológica y sexual; y la falta de acceso a la justicia.

 

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, encargado de la defensa de las víctimas, destacó que la resolución confirma que “el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas.”

 

“La Corte concluyó que el uso indiscriminado de la fuerza por parte del Estado en este caso fue resultado de una ausencia de regulación adecuada, una falta de capacitación de los agentes, la supervisión y monitoreo ineficiente del operativo, y una concepción errada de que la violencia de algunos justificaba el uso de la fuerza contra todos”, expone.

 

La instancia internacional determinó que no se investigó, juzgó y sancionó a todas las personas responsables del operativo, tanto a nivel material como intelectual, por lo que ordenó al Estado realizar una investigación exhaustiva de los hechos que incluya a todas las formas de responsabilidad a nivel federal y estatal, pues tiene el deber de esclarecer la participación de la cadena de mando.

 

El alto tribunal reconoce que durante el operativo se utilizó la violencia sexual como práctica represiva, por lo que además mandata implementar medidas de atención a las mujeres para revertir las condiciones que permiten hasta hoy la comisión de tortura sexual y represión policiaca.

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destacó el Miguel Agustín Pro Juárez, ha reconocido que las sentencias de la Corte IDH son de carácter vinculante para México, por lo que el Estado está obligado a acatar todas las medidas ordenadas.

 

“Con esta sentencia histórica, el Estado tiene la posibilidad de poner fin a la impunidad en el emblemático caso de Atenco y de tomar medidas concretas para evitar que se reproduzcan tales violaciones a derechos humanos en otros contextos”, dijo el Centro Pro.

 

El organismo también considera que el cumplimiento cabal y pronto de la sentencia será una clara muestra del compromiso del nuevo gobierno en materia de derechos humanos.

 

“Más aún, en un contexto en el que el modelo de seguridad está a discusión en México, por la intención de crear una Guardia Nacional militarizada, la sentencia emitida por la Corte en el caso Atenco -lo mismo que la resolución publicada el día de ayer respecto del caso Alvarado- obligan al Poder Legislativo mexicano a revisar la legislación que se pretende aprobar a la luz de los estándares fijados por el tribunal interamericano, que refuerzan la perspectiva de seguridad ciudadana de carácter civil y la fiscalización externa de las instituciones de seguridad”, concluye el CDH Pro-Juárez.

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