Diputados no advierten un buen desempeño de Rodrigo Espeleta

Los 12 notarios provisionales designados por el ex gobernador Eruviel Ávila al final de su mandato y los nueve ratificados como titulares por el mandatario Alfredo del Mazo, cumplen con los requisitos de ley, aseguró Rodrigo Espeleta, secretario de Justicia y Derechos Humanos, tras precisar que el Gobierno Estatal combate en la actualidad tres juicios de amparo contra las designaciones.

Al comparecer ante diputados locales por la glosa del segundo informe, el funcionario estatal recordó que las designaciones provisionales fueron impugnadas, pero los juicios fueron resueltos en el sentido de que son legales.

Después, afirmó, también con fundamento en la ley se les otorgó la titularidad, y se impugnaron; “en estos momentos están desahogándose tres juicios”.

“Esos nombramientos ya pasaron por el tamiz, no sólo de los jueces de distrito sino también de los tribunales colegiados… ahora hay una nueva impugnación por un acto posterior, pero que es accesorio al principal; es decir, el principal es el nombramiento como provisional, el accesorio y secundario es el nombramiento de los titulares”, expuso.

Hasta el momento, indicó, las nueve designaciones “siguen firmes porque no ha habido una sentencia que determine que es inconstitucional o ilegal hacer ese tipo de nombramientos”.

De cualquier manera, comprometió que en lo sucesivo se dará mayor transparencia a los procedimientos, por lo que se ha expedido una primer convocatoria a examen de oposición por concurso abierto a quienes cumplan con los requisitos para designar cuatro notarios: el 56 de Naucalpan, 173 de Ixtapaluca, 89 de Cuautitlán y 76 de Jilotepec; “quien saque la calificación más alta será el titular”, afirmó.

En lo que va de la administración, indicó, se han realizado 297 procedimientos administrativos de queja contra notarios por probable contravención a la ley, se ha ordenado la práctica de 3 inspecciones especiales y 134 ordinarias para vigilar cumplimiento de las disposiciones jurídicas.

Todo lo anterior, en respuesta a las diputadas pevemista María Luisa Mendoza, la morenista Alicia Mercado y la pesedista Lourdes Garay, quien además cuestionó al funcionario si permitirá “que personas sin la capacidad y con claros intereses ocultos utilicen la fe pública para lucrar a su favor y a favor de sus antiguos patrones y qué acciones se tomarán para combatir el nepotismo notarial”.

Después de que el perredista Omar Ortega advirtiera dilación en la entrega a los municipios de 30 millones de pesos etiquetados para la Alerta por Violencia de Género (AVG) por feminicidios, Espeleta Aladro justificó que la tardanza responde a que estos recursos se pueden destinar sólo a capacitación, difusión y equipamiento; por eso, indicó, había que esperar a que los municipios presentaran sus proyectos, fueran aprobados y la liberación se encuentra en procedimiento.

 

Sobre la iniciativa internacional SpotLight, precisó que a los dos municipios mexiquenses previstos: Ecatepec y Naucalpan, les serán designados 3 millones de dólares a utilizar en los próximos cuatro años para fortalecer a corporaciones policiacas, instituciones locales y organizaciones civiles que promueven la defensa de los derechos de las mujeres, pero no esgrimió detalles sobre mecanismos de acceso, transparencia en el uso de los recursos ni quién los manejará o bajo qué criterios se entregarán.

El panista José Antonio García recordó que el estudio de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) “La defensoría pública en México, el acceso a la justicia de los desposeídos” señala que la entidad mexiquense cuenta con tan solo 329 defensores públicos; es decir, hay un defensor público para poco más de 49 mil 200 personas, dos por cada cien mil habitantes, “lo que pone en una situación de imposibilidad de acceso a la justicia a un gran número de miles de personas”.

Sobre el tema, Rodrigo Espeleta admitió que cada defensor trabaja simultáneamente 90 asuntos, y que son necesarios mil 200 defensores; por ejemplo, indicó, en Guerrero cada defensor lleva 10 asuntos. En materia indígena, el problema se agudiza, pues sólo hay 4 defensores que hablan mazahua y otomí.

Indicó que ya se implementó el servicio civil de carrera para defensores, se han realizado dos convocatorias con exámenes, pero los resultados no fueron muy buenos, por lo que se ofrecerá un curso propedéutico para aumenta conocimientos y que se aprueben los exámenes.

El petista Sergio García Sosa le cuestionó si es necesario decretar el municipio 126 en San Francisco Tlalcilalcalpan; el funcionario refirió que el obstáculo es social, pues no todos los habitantes de la comunidad desean convertirse en una nueva demarcación.

Con estas cifras, el morenista Gerardo Ulloa consideró que la contribución de la dependencia es muy poca o casi nula. Recordó que en 2017, cuando fue creada, se le aprobó un presupuesto superior a los 457 millones de pesos para asumir las funciones de la entonces Consejería Jurídica, quien hacía lo mismo pero con un presupuesto menor.

En 2018, recordó, a la dependencia se asignaron 801 millones de pesos; y en 2019 ejerce más de mil 261 millones. En dos años su aumento es superior al 132.2%.

“Parece ser que tan solo fue un cambio de nombre o, como se dice de manera coloquial: La misma gata, pero revolcada”, añadió.