Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero confía en que defensores del agua de San Pedro Tlanixco obtengan su libertad

Por la vía del recurso de apelación o por la amnistía ofrecida por el Gobierno Federal a los presos políticos, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) confía en que los seis defensores del agua de San Pedro Tlanixco recuperen su libertad en las próximas semanas, derivado de los errores procesales incluso documentados ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

 

José Antonio Lara Duque, coordinador general del CDHZL, recordó que el Poder Juan estatal se encuentra próximo a resolver el recurso de apelación promovido contra la sentencia a 50 años de prisión de los últimos tres sentenciados por la muerte de un empresario español, en condiciones aún no esclarecidas, ocurrida en 2003.

 

Tras confirmar que los seis defensores detenidos por ese hecho se integran en la lista de presos políticos candidatos a la amnistía del gobierno de la República, Lara Duque indicó que, de existir disposición del Poder Judicial mexiquense, los defensores del agua tendrían que ser liberados al resolver el recurso de apelación por la serie de errores detectados durante el proceso judicial.

 

En julio de 2018 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió al Gobierno mexicano una comunicación en la que manifiesta su preocupación porque “el proceso judicial… carecería de las garantías del debido proceso, y la condena a 50 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad habría sido adoptada para criminalizar a las personas defensoras involucradas en la defensa del derecho al agua”.

 

Los procesos judiciales seguidos a Dominga González Martínez (campesina que firmó el amparo a través del cual la comunidad indígena de Tlanixco reclamaba su derecho al agua del río Texcaltenco que nace en su pueblo), Pedro Sánchez Berriozábal (campesino y el principal vocero del Comité de Agua Potable de San Pedro Tlanixco), Teófilo Pérez González (albañil e integrante del Comité del Agua), Rómulo Arias Mireles (mecánico e integrante de la asociación civil para la protección del agua de Tlanixco), Lorenzo Sánchez Berriozábal (obrero) y Marco Antonio Pérez González (albañil), refiere el documento, “se habrían visto afectados por varias irregularidades”.

 

Entre ellas, enlista “ponderación basada exclusivamente en declaraciones de los testigos de cargo que no estaban presentes en el momento y lugar del hecho delictivo; valoración de testimonios incoherentes e inverosímiles; desigualdad frente a los tribunales y en el acceso a la justicia; no respeto del principio de individualización de la pena; verificación de una inversión del onus probandi y consecuentemente violación del principio in dubio pro reo”, y el desconocimiento de la calidad de pueblo originario durante los juicios.

 

Históricamente, el agua de este río fue utilizada por la comunidad para uso doméstico y agrícola, pero en los 80´s varias empresas florícolas, nacionales e internacionales, se asentaron en el municipio colindante de Villa Guerrero y formaron la Asociación de Usuarios del Río Texcaltenco, presidida por el empresario español Alejandro Isaak Basso.

 

En 2002, la Comisión Nacional del Agua de México (Conagua) anuló la concesión a la comunidad indígena de Tlanixco y la entregó al municipio de Villa Guerrero para uso comercial “con el apoyo de actores gubernamentales e importantes empresas, mientras que la comunidad no fue consultada adecuadamente sobre el cambio de concesión y uso del agua”.

 

Los pobladores se movilizaron para denunciar la violación de este derecho, organizaron marchas y mítines; de manera infructuosa la Secretaría General de Gobierno del Estado de México convocó a mesas de trabajo con Conagua, los afectados y empresarios.

 

La muerte de Alejandro Isaak Basso ocurrió el 1 de abril de 2003, cuando entró a la comunidad acompañado por 11 personas porque el agua llegaba “espumosa” a Villa Guerrero.

 

Los indígenas percibieron esta acción como una posible agresión, sonaron las campanas de la iglesia para reunir a la comunidad; los empresarios fueron interceptados por un grupo de aproximadamente 300 personas; en respuesta, menoscabaron a los vecinos por su condición indígena, y los presentes decidieron llevarlos a la delegación para que, mediante asamblea, decidieran la forma de resolver el conflicto, según usos y costumbres.

 

De camino, se hicieron dos grupos que tomaron diferentes rutas: el primero con Isaak Basso, “quien falleció en circunstancias todavía inciertas, caminando por un camino escarpado. Su cuerpo fue encontrado en el fondo de una barranca de 300 metros de profundidad”.

 

Las otras 11 personas de la Asociación de Usuarios del río Texcaltenco presentaron denuncias ante la autoridad jurisdiccional, inicialmente por privación ilegal de la libertad y, luego, por el homicidio de Isaak Basso.

Los meses posteriores, hasta 100 policías habrían entrado a la comunidad con órdenes de arresto en varias ocasiones, “actuado con gran violencia – tanto física como psicológica – hacía los habitantes…  En algunos de los operativos realizados durante la madrugada, los policías habrían retirado de sus viviendas a personas desnudas o en ropa interior, sujetándolas contra el piso en las calles”.

 

El comunicado demanda al Estado Mexicano información para esclarecer el caso y la protección de los derechos de los detenidos, pues “sin implicar de antemano una conclusión sobre los hechos o el fondo de los juicios, quisiéramos señalar nuestra grave preocupación por el hecho de que las acusaciones presentadas y las sentencias adoptadas… no parezcan estar basadas en pruebas imparciales y que, en consecuencia, no se les proporcionó una oportunidad justa para defenderse ante los tribunales ni/o un debido proceso legal”.

 

En tanto, a finales de diciembre el grupo parlamentario de Morena en la Legislatura local condenó las anomalías en este proceso judicial, como que los supuestos testigos presenciales aseguran que Faustino Trujillo Perdones pateó al hoy occiso, pero es imposible porque se trata de una persona con discapacidad que se movía en silla de ruedas; además, Benito Álvarez Zetina fue señalado como una de las tres personas que sujetó de los brazos al occiso, pero comprobó que se encontraba dando clases en una escuela de la Ciudad de Toluca en ese momento, mientras de Venancio Zetina González se dijo que estaba en el lugar de los hechos, pero es imposible porque falleció mucho antes de esa fecha.

 

La diputada Nancy Nápoles dijo entonces que la investigación documental del caso Tlanixco, respaldada por la ONU, ejemplifica la complicidad de gobiernos, funcionarios públicos, empresarios, medios de comunicación, dependencias gubernamentales y jueces, todos entrelazados en redes de corrupción que afectan a los pueblos indígenas.

(foto especial: Onunoticias y Subversiones)

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