Apertura de juicio en caso «comuneros de Salazar» de Lerma

La tarde de este lunes se realizará la audiencia de apertura de juicio en contra de seis de los ocho comuneros de Salazar, comunidad del municipio de Lerma, detenidos la madrugada del 31 de agosto de 2017 mediante un fuerte operativo policíaco, por la defensa de un terreno del que pretendían ser despojados para fines inmobiliarios.

 

Dos de los ocho detenidos: Miguel Ángel Vilchis Zarza y Francisco Miguel Ceballos Vargas, acusados de lesiones, están en proceso de suspensión condicional, tras pagar 403 mil 616 pesos por concepto de reparación del daño.

 

Los otros seis, además son señalados por los delitos de lesiones y robo con violencia, entre ellos se encuentra Cutberto Vilchis García, presidente de la Bienes Comunales, sujeto a prisión preventiva domiciliaria debido a su edad que supera los 70 años, luego de cubrir una caución por 420 mil pesos.

 

Los otros 5, cuyo juicio también comienza esta tarde, son Fermín Esquivel Rojas, Daneyra y Yuriko Becerril Villavicencio, Beatriz Pérez Flores y Miguel Ángel Vilchis García, acusados de privación de la libertad y robo con violencia.

 

Los detenidos de Salazar también se encuentran entre los presos a cuyo caso da seguimiento la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, pues al decir de los familiares, están incluidos en la lista de presos políticos candidatos a la amnistía, elaborada por la senadora Nestora Salgado.

Gabriel Aldana, defensor de los campesinos, recordó que el 30 de septiembre de 2016 Mario Alberto de León Venegas pretendió tomar propiedad de un terreno que cuenta con una resolución agraria en la que se reconoce la posesión histórica por parte de los comuneros, de tal manera que no puede ser enajenada ni embargada.

 

Refirió que aquél día, De León Venegas llegó acompañado por tres personas –dos de ellas, armadas-; los pobladores se opusieron al despojo, desarmaron a éstas personas y las entregó a la autoridad competente, pero el acta levantada por los vecinos en Lerma ya ni siquiera aparece, por lo que se presume influencia política.

 

José Rojas, familiar de los detenidos, indicó que les fueron aceptados como probanza varios testimonios, tres periciales, 15 videos y 40 imágenes relacionados con el día en que ocurrieron los hechos.

 

Además se les recibió el expediente agrario que los reconoce como propietarios de las tierras en disputa, el informe de los policías municipales de Lerma del 30 de septiembre de 2016, y la puesta a disposición de Juan Carlos Ríos Soto -una de las supuestas víctimas- por posesión de arma de fuego ese día.

 

De igual manera, les fue aceptada como prueba la denuncia que levantó uno de los comuneros detenidos en contra de Juan Carlos Ríos Soto y Mario de León Venegas por daño a bienes, derivado del supuesto intento de éstos de apoderarse del terreno en que se sustentan las acusaciones en su contra y que, no obstante, no muestra avances desde entonces.

 

Asimismo, fueron aceptados los testimonios de los policías federales que pusieron a disposición a Ríos Soto por la presunta posesión del arma.

 

Con éstos elementos los comuneros confían en demostrar que aquél día sólo intentaron impedir el despojo del terreno, después de que quienes los acusan pretendieran cercarlo al argüir que les había sido vendido por habitantes del pueblo de San Mateo Atarasquillo, una localidad que también forma parte del municipio de Lerma y colinda con Salazar.

 

Los comuneros han señalado que detrás del intento de despojo se encuentra la venta irregular de terrenos a grandes empresarios como Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Arturo Elías Ayub, Pablo Escudero y León Manuel Bartlett -hijo de Manuel Bartlett, hoy director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)-, entre otros, para la edificación de ambiciosos proyectos inmobiliarios.

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