Admiten demanda para analizar si se concede o no amparo para neutralizar a notarios avalados por Alfredo Del Mazo

El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales con sede en Toluca admitió la demanda promovida por Oscar Valdés, director general de la asociación civil Abogados Sociales Progresistas, en contra del gobernador Alfredo del Mazo, por presunta violación a la Constitución con la ratificación, ahora como titulares, de nueve notarios provisionales designados por el ex mandatario Eruviel Ávila.

 

La solicitud de amparo, al que se asignó el número de expediente 985/2019, pide declarar la nulidad de los nombramientos por violar los artículos 1, 14, 16, 17 y 95 constitucionales; además, solicita la suspensión provisional -en su caso, definitiva- de las designaciones.

 

También fue admitida una segunda demanda entablada contra el mandatario mexiquense por el aspirante a notario Gabriel Escobar, de tal manera que el juzgado correspondiente procederá al análisis de la procedencia de la suspensión provisional del acto reclamado (la designación de fedatarios).

 

Adicionalmente, hace unos días el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México se excusó para resolver el amparo indirecto  990/2019 promovido por la organización social “Más Vida Más Igualdad A.C.” en el mismo sentido.

 

El juez Breyman Labastida Martínez arguyó que Oscar Valdés, entonces representante del aspirante a fedatario Gabriel Escobar, solicitó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) indagar si una supuesta reunión con Sergio Medina Peñaloza, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) realizada el 26 de diciembre de 2017 tuvo alguna injerencia en su decisión de sobreseer dos días después el juicio de amparo 1219 interpuesto por la designación de los mismos notarios como provisionales.

 

El juzgador justificó la posibilidad de que se actualice la hipótesis normativa prevista en la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo, pues Valdés Ramírez, representante legal también en esta demanda, imputó “al suscrito haberse reunido con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y recibir dinero de éste para sobreseer el juicio…”

 

Según el documento, si bien nunca se aportaron pruebas del señalamiento ni se siguió procedimiento alguno en contra del suscrito, “el citado abogado no se retractó de sus acusaciones, por lo cual… existen circunstancias objetivas que ponen en riesgo la imparcialidad.”

 

Otro de los impedimentos invocados por el juez refiere que “probablemente se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción VII del artículo 51 de la Ley de Amparo”, en el que se prevé la excusa por “amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes”.

 

“Toda vez que el abogado… señaló al suscrito de actos de corrupción durante la adscripción que desempeñaba como titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México… al referir que me reuní con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y éste me dio la cantidad de cinco millones de pesos para sobreseer el juicio de amparo 1219/2017 del índice del citado juzgado; resulta que puede advertirse enemistad manifiesta respecto de dicho abogado de la parte quejosa”, refiere.

 

El juzgador plantea la necesidad de no poner en riesgo la imparcialidad del caso, debido a que el representante de la ONG denunciante “fue la persona que calumnió al suscrito juzgador, generando animadversión por los antecedentes relatados”.

 

Las tres demandas de amparo consideran que con el acuerdo promulgado el 19 de julio pasado, Del Mazo Maza violentó el principio de igualdad consagrado en el artículo primero constitucional al designar unilateralmente a los fedatarios cuestionados, bajo criterios subjetivos, con lo que además “menoscaba el derecho de los ciudadanos a la obtención e impartición de fe pública de una manera clara, trasparente e imparcial”.

 

También plantean que Alejandro Agundis, Gustavo Fernández Sauri, Marcelo Rossetto, Ricardo Giovann Arredondo Lino, Lorena Gárate, Alfredo Jaramillo Manzur, Erasto Martínez Rojas, Francisco Xavier Borrego Hinojosa y Héctor Javier Astudillo Calvo se encontraban impugnados por su designación como provisionales al incumplir los requisitos establecidos en la Ley del Notariado y, por tanto, son inelegibles.

 

Tampoco, refieren, tienen experiencia notarial, no son profesionales del derecho con una antigüedad mínima en el ejercicio de cinco años anteriores a la fecha de solicitud, ni realizaron prácticas de manera ininterrumpida por un período mínimo de un año en alguna notaría del Estado de México, se desconoce si les fue aplicado en tiempo y forma el examen para aspirante a notario y no hubo convocatoria para la designación, todos requisitos establecidos por la Ley del Notariado de la entidad para ser designados fedatarios provisionales.

 

Los nueve ahora titulares, refieren los quejosos, de igual manera se encontraban cuestionados por las demandas de Teresa Hernández y Juan Carlos Ruiz, ambas concedidas, en etapa de revisión y con suspensión definitiva.

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