Adeuda CUSAEM 4 mil 269 mdp a ISSEMyM; Sistema Anticorrupción anuncia propuesta de reforma para regular y transparentar a dicho cuerpo de seguridad

Para transparentar el actuar de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM) y garantizar la certeza jurídica de los mismos, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema del Sistema Anticorrupción de la entidad y Organizaciones de la Sociedad Civil presentarán ante la LXI Legislatura local una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley de Seguridad del Estado de México.

 


 

En conferencia de prensa, el presidente del CPC, José Guadalupe Luna Hernández, e integrantes de la Subred de Sociedad Civil Organizada de la Red Ciudadana Anticorrupción informaron que se trata de una iniciativa ciudadana.

 

José Guadalupe Luna Hernández, presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC).

A través de un comunicado precisó que la iniciativa surgió derivado de solicitudes de acceso a la información pública al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), sobre los saldos de deuda pendientes de pago de las dependencias del gobierno y los municipios mexiquenses, donde se reveló que, el CUSAEM tiene un adeudo de 4 mil 269 millones de pesos a Instituto.

 

El presidente del CPC destacó que la necesidad de proponer modificaciones al marco normativo tiene la finalidad de terminar con la laguna jurídica en la que se encuentra el CUSAEM, el alto margen de discrecionalidad que esto representa, la falta de certeza jurídica sobre su actuación y la posible comisión de actos de corrupción.

 

Alertó que el CUSAEM tiene la deuda mayor de instituciones al ISSEMyM, con 4 mil 269 millones, de los 5 mil 694 mdp.

Iniciativa

Precisó que con la iniciativa se busca, por un lado, mejorar la redacción al artículo 103 de la Ley de Seguridad del Estado de México para señalar en qué consisten las funciones del dicho organismo auxiliar a través del cual el Estado proporcionará servicios de protección, servicio, custodia, vigilancia y seguridad a dependencias y organismos públicos, sociedades mercantiles, asociaciones, instituciones educativas o particulares.

 

El presidente del Comité de Participación Ciudadana, José Guadalupe Luna, informó que se busca reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Seguridad de la entidad.

Dijo que sus tarifas por la prestación de esos servicios se tendrán que determinar en el Código Financiero y en la Ley de Ingresos, y los ingresos que perciban deberán de reportarse en el Presupuesto de Egresos del Estado de México.

 

Asimismo, que el personal que forma parte de dicho organismo deberá sujetarse a las disposiciones que establece la ley en materia de desarrollo policial, a las evaluaciones para contar con certificación, y que en el desempeño de sus funciones se conduzcan bajo los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, honradez, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.

 

Además, estarán sujetos al control y fiscalización por parte de las instancias gubernamentales competentes.

 

 

 

 

 

De igual forma, se pretende reformar el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado para que quede claro que los organismos auxiliares forman parte de los entes sujetos a control presupuestal.

 

“Esta iniciativa nos muestra el valor y participación de la sociedad civil en la identificación, prevención e investigación de posibles hechos de corrupción. El problema fundamental es investigar a dónde fueron a parar los ingresos que esas corporaciones tuvieron durante los últimos años”.

 

Por lo anterior dijo, en la iniciativa se plantea que, para la regularización de estos entes, la Secretaría de Finanzas deberá requerir los registros contables de los últimos 10 años, para analizar qué ingresos tuvieron, cómo se distribuyeron, y por qué los adeudos.

 

“Si estos entes fueran presupuestalmente viables, regularizarlos e incorporarlos al régimen que planeta la reforma, y si estos entes no resultaran bajo ninguna perspectiva económicamente viables, plantear su extinción y darles la posibilidad de que se constituyan como particulares”.

 

Por su parte, los integrantes de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil llamaron a dejar de lado el limbo jurídico en el que se encuentra el CUSAEM, así como la discrecionalidad y falta de transparencia y evitar actos de corrupción e ilegalidad. Dijeron que es necesario que la sociedad civil se organice y se empiece a enarbolar un estado abierto para fortalecer el sistema democrático del país y abonar a la credibilidad de las instituciones.

 

Tanto el CPC como las OSC llamaron a los legisladores locales para el pronto análisis de la iniciativa en comisiones, que se dictamine y se lleve al pleno a la brevedad.

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