Colorines, Valle de Bravo, Estado de México, junio de 2025. Una fuerte inconformidad surgió durante la sesión de Cabildo realizada en la comunidad de Colorines, donde cinco regidores del Ayuntamiento de Valle de Bravo se unieron a los reclamos ciudadanos contra la presidenta municipal Michelle Núñez Ponce, por la presunta imposición de obras públicas correspondientes al programa federal FAISMUN, sin previa consulta al cuerpo edilicio ni a las comunidades beneficiarias.

Los regidores Esmeralda González (PVEM), Berenice Marín (PRI), María del Socorro Rodríguez (PRI), Sandra González Ortiz (PAN) y Roberto López (PT), se abstuvieron de votar al considerar que las siete obras propuestas no fueron presentadas con anticipación ni acompañadas de las fichas técnicas necesarias para su análisis.

Durante la sesión, la regidora Esmeralda González cuestionó los criterios para la asignación de las obras, señalando que los recursos del FAISMUN deben dirigirse prioritariamente a comunidades con alta marginación y no utilizarse como pago de compromisos políticos. Exigió que se transparentara la información antes de someterse cualquier propuesta a votación.

El conflicto escaló cuando el regidor del PT, Roberto López, solicitó revisar el tabulador salarial del ayuntamiento, alegando que existen empleados con bajos ingresos mientras otros reciben percepciones privilegiadas. También denunció que varias obras ejecutadas en la administración anterior presentan deficiencias graves, como pavimentaciones incompletas o de mala calidad.

La situación se tensó aún más cuando la regidora Sandra González Ortiz (PAN) preguntó por qué la comunidad de Colorines y otras localidades marginadas habían sido excluidas del plan de obras. En respuesta, la alcaldesa Núñez Ponce reaccionó abruptamente al ver que la regidora grababa su participación con un teléfono celular, exigiéndole que borrara las imágenes bajo amenaza de acusarla por violencia política, ordenando además a su equipo que le retirara el dispositivo.

Dicho acto provocó indignación entre los regidores, quienes demandaron respeto a sus derechos como representantes populares. Un medio de comunicación presente denunció que también le fue borrado material gráfico por parte del equipo de la alcaldesa, supuestamente por instrucciones directas de ella.

Este episodio evidencia una ruptura dentro del Cabildo y, según los propios regidores, refleja la falta de sensibilidad política de la presidenta municipal, quien además enfrenta un proceso legal pendiente por la sustitución irregular de un síndico y cuatro regidores en la administración anterior, caso que ya habría perdido tras la negativa de un amparo judicial.

Horas después, los regidores sostuvieron una reunión con el director de Obras del Ayuntamiento en busca de explicaciones sobre los proyectos propuestos, sin que se lograra consenso alguno. La postura del gobierno municipal, aseguran los inconformes, sigue siendo la de imponer las obras en zonas que no cumplen con los criterios del FAISMUN, a pesar de que el monto total de las mismas supera los 25 millones de pesos.

Con información de MB