Toluca, ECon el objetivo de que las órdenes de protección a las mujeres mexiquenses que sufren algún tipo de violencia, sean eficaces y oportunas por parte de las Instituciones competentes, Susana Estrada Rojas, legisladora por el Distrito XXIV de Nezahualcóyotl, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados estatal una propuesta de reforma al Artículo 28 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México.

Ante las y los diputados de todas las fuerzas políticas, la joven legisladora de morena, detalló en tribuna el contenido de su iniciativa, precisando que en todos los procesos iniciados por dichas causas, el interés superior de la víctima es lo principal, por lo que es fundamental activar de oficio acciones precautorias y cautelares.

Lo anterior, precisa la propuesta, a petición de parte, por las autoridades administrativas, el Ministerio Público o por los órganos jurisdiccionales competentes, “en el momento en que tengan conocimiento del hecho de violencia presuntamente constitutivo de un delito o infracción, que ponga en riesgo la integridad, la libertad o la vida de las mujeres o niñas”, evitando en todo momento que la persona agresora, directamente o a través de algún tercero, tenga contacto de cualquier tipo o medio con la víctima.

La Iniciativa precisa que en todo momento el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, mediante oficio o a instancia de parte, deberá de dar trámite y sustanciación en cuanto se haga sabedor de todo acto u omisión que actualice las prevenciones que marca esta ley y en favor de las víctimas y en contra de la fuente generadora de violencia en cualquier modalidad.

“En materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, el Tribunal Electoral del Estado de México y el Instituto Electoral del Estado de México podrán solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de las medidas a que se refiere este artículo”, refiere la propuesta de reforma de la legisladora.
Al detallar la exposición de motivos de su propuesta, Susana Estrada de morena, explicó que se debe reforzar la garantía reconocida por la normativa vigente, para que toda mujer mexiquense pueda ser asesorada, asistida, orientada y en su caso, patrocinada en material legal, en los casos en donde se presente violencia en contra de las mujeres.

En este sentido puntualizó que actualmente “no existe una obligación explícita de parte de las instituciones del Gobierno del Estado (Instituto de Defensoría Pública del Estado de México) para que, brinden sin obstáculo alguno a las mujeres, que se encuentren en el supuesto legal, una adecuada orientación y asesoría legal o en su caso, el patrocinio de acciones legales para prevenir, mitigar y sancionar a las personas agresoras y que ejercen violencia en contra de ellas bajo cualquier modalidad de violencia”.

La legisladora Estrada Rojas también dijo que el Instituto de Defensoría Pública del Estado de México, no se encuentra contemplado como integrante en el Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y dicha ausencia legislativa, no dota de facultades y atribuciones para el despliegue de las funciones que por ley, debe dar cumplimiento dicho Instituto.

Recordó que la ENDIREH 2021 estima que, en el Estado de México, 78.7% de las mujeres de 15 años o más, experimentaron algún tipo de violencia: Psicológica, Física, Sexual, Económica o Patrimonial a lo largo de la vida y 47.6% en los últimos 12 meses.

Susana Estrada también propone que el Artículo 32 Ter quede de la siguiente manera:

Las órdenes de protección podrán ser solicitadas por autoridad competente de otra entidad federativa a la autoridad administrativa, Ministerio Público u órgano jurisdiccional del Estado de México, sin que la competencia en razón del territorio pueda ser usada como excusa para no recibir la solicitud.

La propuesta fue turnada a Comisión para su estudio y análisis.

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