Como un balde agua fría para toda la élite del Poder Judicial federal y del Estado de México, cayeron las palabras de Ricardo Monreal, Senador de la República del partido Morena, pues adelantó que la reforma no solo contempla modificar la ley para que dichos cargos público sean ocupados por profesionistas del derecho con experiencia y honorabilidad, a través de voto directo, secreto y en absoluta libertad de las y los mexicanos, sino también garantiza la anulación de todos los privilegios para los ministros, magistrados y jueces en retiro entre los cuales están:

Otorgamiento del 100 por ciento de su salario que es de 300 mil pesos al mes durante los dos primeros dos años y del 80 por ciento los siguientes años hasta su muerte.

Éste ingreso, dijo Ricardo Monreal, incluye aguinaldo de 568 mil pesos, seguro de vida de 12 millones de pesos (mdp), pago de defunción de un millón 189 mil pesos para gastos funerarios, pago por riesgo de 640 mil pesos, prima vacacional de 95 mil 474 pesos, derecho de contar con cinco personas de apoyo y cinco personas para seguridad cuyo salario absorbe el Poder Judicial, reembolso de compra de medicamentos y mantenimiento de dos vehículos tipo Suburban blindadas (cada vehículo es de 3 millones de pesos), apoyo de gasolina por 22 mil pesos mensuales, más apoyo de peaje, es decir pago de casetas.

Beneficios y privilegios a Ministros que se les otorga pese a que ya no están en funciones, es decir ya no realizan ninguna acción relacionada con su actividad laboral.

En el marco del tercer foro realizado bajo esquema de parlamento abierto que tuvo lugar en la Cámara de Diputados del Estado de México, “Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial con la temática “Austeridad, Fideicomisos y Derecho Laboral de los Trabajadores del Poder Judicial”, el líder del Senado Ricardo Monreal detalló los beneficios y privilegios de los que gozan dicha los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la cúpula de dicho Poder a nivel federal y estatal.

Postura de Ricardo Monreal que contrastó con lo planteado por Ricardo Sodi, presidente del Poder Judicial del Estado de México, pues sostuvo que ante tantas necesidades que hay en todo el aparato de justicia no se puede aplicar la austeridad y por el contrario se requiere una presupuesto mayor para darle operatividad a la institución que alberga a los jueces.

«Una buena administración de Justicia es costosa y una mala administración de Justicia es más costosa… no es posible hablar de austeridad», expreso.

Por lo que Ricardo Monreal le aclaró que el esquema de austeridad planteada en la iniciativa de reforma también llegará a la cúpula del Poder Judicial del Estado de México y en el caso de las y los trabajadores de base y operativos dicho Poder todos sus derechos laborales estarán garantizados, es decir no se verán afectados.

También aclaró que se propone extinguir los fondos de los fideicomisos no previstos en una ley secundaria y que la elección de los mil 600 de las personas ministras, juezas y magistradas tendrá un costo entre tres mil y tres mil 500 mdp que pueden ser tomados de los 23 mil mdp que se tienen que entregar de los fideicomisos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal (Morena) puntualizó que con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se garantizará que nadie en la administración pública gane más que la persona titular del Ejecutivo federal y se eliminarán el haber de retiro y las pensiones vitalicias para ministras y ministros que concluyen con sus encargos.

El senador Ricardo Monreal ratificó que los derechos de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación serán respetados.

Ante el diputado Elías Rescala Jiménez (PRI), presidente de la Jucopo de la LXI Legislatura mexiquense, el magistrado Ricardo Sodi expuso que frente a las carencias de personal, instalaciones y equipo de los tribunales de justicia no es posible hablar de austeridad; dijo estar en favor de la suficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto para una aplicación transparente y eficiente para acercarse a los estándares internacionales, con una mayor número de personas juzgadoras y mejores condiciones para su trabajo.

El legislador Jesús Izquierdo se pronunció por una reforma consensuada que beneficie a toda la población, fortalezca el Estado de derecho y se adapte a las necesidades institucionales de las personas impartidoras de justicia.

Mientras que la gobernadora Delfina Gómez hizo votos para que de estos foros surjan acciones para consolidar una reforma integral y eficaz, con la que se garantice el acceso pronto y expedito a la justicia, que proteja a todas y todos, en especial a personas más vulnerables; además, se pronunció por no afectar los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial.

Asimismo, el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados federal, subrayó que es una de las reformas estructurales más importantes en materia judicial en los últimos 150 años con la que se busca, a través del diálogo, garantizar a la población el derecho a una justicia pronta, expedita y gratuita.

En su turno, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados federal, indicó que la Carta Magna impone un respeto a la autonomía de los Poderes Judiciales y los derechos de las y los trabajadores del sector, pero enfatizó que todo lo demás está a discusión.