Por Eduardo Alonso

Líderes de organizaciones sindicales alternativas acusaron que algunos directivos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) del Gobierno del Estado de México (GEM), no se conducen conforme a derecho y durante años han evitado la creación de nuevas organizaciones sindicales alternativas a las corporaciones tradicionales.

No obstante, confiaron que, durante la administración de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, se registrarán grandes cambios porque existe voluntad política, pero sobre todo un comportamiento de respecto a la Ley, por lo que no dudaron en sostener que se empezarán a destrabar los trámites administrativos que durante los últimos años y, en algunos casos décadas, han sido frenados porque no convenía al régimen priista el surgimiento de nuevos sindicatos.

En conferencia de prensa Luis Zamora Calzada, Secretario General del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM); Antonio Monroy Gutiérrez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud” sección 35 Valle de Toluca (STSNS Sección 35); Alejandro Velázquez Méndez, Secretario General de Trabajadores de la Industria Química, Vigilancia y Seguridad; Lucero Jiménez Silva, Secretaria General del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores al Servicio del Estado de México y sus Municipios y Organismos Descentralizados, entre otros, precisaron que la corrupción e incapacidad de algunos directivos de la Junta, así como de los Tribunales laborales, han ocasionado la acumulación de miles de expedientes de despidos injustificados tanto de áreas del Poder Ejecutivo, como de los 125 Ayuntamientos del Estado de México.

“No hay paz laboral en el Estado de México, esto causa inestabilidad social y política, rezagos educativos, entre otros; los expedientes laborales acumulados en el TECA, causan daño a familias mexiquenses (y) el derecho colectivo (a la libre sindicalización) en la entidad, tiene un retraso de más de 75 años, impidiendo la política gremial impulsada en el país, por el Presidente Andrés Manuel López Obrador”, precisó Luis Zamora.

Por lo anterior y a nombre de las organizaciones sindicales alternativas Zamora Calzada consideró que el Gobierno estatal debe devolver al trabajador la estabilidad en el empleo, “como un gran acto de justicia”.

“La incertidumbre y violencia laboral que se practicaba, debe ser erradicada por el nuevo gobierno (de la 4T); los despidos injustificados, fueron una práctica represora que afecta a la familia de los trabajadores”, precisó el dirigente del SUMAEM.

Durante la conferencia se aseguró que el comportamiento de algunos titulares del TECA causa de forma permanente daño a las familias mexiquenses, por lo que solicitaron a la gobernadora Delfina Gómez, así como a los nuevos directivos de su gobierno, competentes en el tema, revisar con lupa el desempeño de dicho Tribunal y separar del cargo a todos aquellos que simplemente no cumplen con su función al trabar, administrativamente, cientos de expedientes de conflictos laborales que en teoría no deben prolongarse por más de un año, pero en los hechos se extienden por cinco años y hasta más de una década.

Sostienen que la gobernadora Delfina Gómez requiere ayuda para combatir la corrupción del TECA

En este sentido se añadió que los expedientes son retenidos a modo y ese proceder ha propiciado que hay casos de 10 años de antigüedad o más; así como omisión de acuerdos que requieren amparo; emisión de laudos cuando a esa burocracia se le antoja; cumplimientos que no se dan y comportamientos incomprensibles. “Todo para postrar al trabajador”, se subrayó.

“Un expediente laboral es sinónimo de injusticia, sufrimiento, afectación interminable. El procedimiento es susceptible de prácticas ilegales”, precisó Zamora Calzada.

Al respecto Antonio Monroy, líder del STSNS, recordó que el poco avance y reconocimiento de los sindicatos alternativos ha sido a base de lucha social, movilizaciones, plantones, horas de audiencias en oficinas de Tribunales y Junta Locales.

El líder del sindicato alternativo de salud en la entidad mexiquense, Antonio Monroy, aseguró que la mandataria esta de lado de los trabajadores y confió que en el corto plazo se girarán las instrucciones necesarias para que el TECA cumpla con su trabajo.

Para que eso suceda, dijo, es necesario cambiar a un gran número de funcionarios que por años han actuado con dolo; bajo mecanismos de corrupción o simplemente han sido negligentes a la hora de cumplir con su trabajo.

Situación que hoy mantiene a 1,800 plazas del sector salud (federal) que no se pueden ocupar porque están en litigio laboral y por ende el recurso económico (presupuesto de sus salarios) se acumula-mantiene durante años y no se puede ejercer; y ello perjudica a la población porque en los hechos no cuentan con doctores, enfermeras y personal administrativo del sector salud porque están separados de sus cargos de forma injustificada y en vez de estar en hospitales se mantienen en lucha laboral ante las ventanillas de los Tribunales.

Al tomar la palabra Cynthia Tzitzik Rosas Gómez, Comisionada Federal de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, hizo un llamado a las autoridades competentes del GEM a emprender las acciones necesarias para garantizar en todo momento los derechos laborales de sus trabajadores.

Por su parte, Alejandro Velázquez Méndez, Secretario General de Trabajadores de la Industria Química, Vigilancia y Seguridad, sostuvo que el comportamiento de la autoridad estatal debe cambiar en tiempos de la 4T y debe terminar el despido injustificado de cientos de trabajadores cada tres y seis años, cuando hay cambio de autoridad municipal y estatal.

En este sentido, Mauricio Hernández Gil, integrante del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores al Servicio del Estado de México y sus Municipios y Organismos Descentralizados, detalló que en su caso cada vez que acude a audiencia ésta no se puede realizar porque personal del TECA indica que no localizan el expediente y el titular del proceso nunca gira la instrucción para que si o si aparezca el expediente y ello ha impedido que los procesos jurídicos administrativos laborales se concreten.

Explicó durante su baja injustificada como trabajador de Naucalpan formaba parte del SUTEyM, pero ello no impidió que se registrara la injusticia porque su sindicato le dio la espalada ya que su comportamiento siempre fue crítico y de combate al cacicazgo que ejerce un grupo de familias al interior de la representación sindical de dicho municipio.

Y esa postura crítica no agrado a los dirigentes sindicales del SUTEyM y por ello no movieron un dedo para defender sus derechos laborales, cuando fue separado de su trabajo de forma injusta.

Por último, los dirigentes de los sindicatos alternativos en el Estado de México expresaron que en las próximas semanas impulsarán un proyecto de una nueva Ley del Trabajo estatal con la finalidad que desde la raíz se atienda la problemática que ha generado más de 70 mil expedientes laborales sin resolver en todo el Estado de México.