Durante una audiencia celebrada el pasado 14 de enero, la parte acusadora no logró presentar dos testimonios, mientras los dos que sí se presentaron no acreditan la responsabilidad del presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna AC en la última carpeta de robo con violencia que se le imputó (en las dos primeras no se acreditó su responsabilidad).

Las documentales de esta última carpeta, la 63/2016, tampoco confirmaron la compra, posesión ni el hurto de un teléfono celular, una computadora y dos bolsas de pinturas que se señalan.

Pérez Espinoza precisó que en ésta tercera carpeta, en la que se les acusa de robo con violencia, sólo prevalece el señalamiento de la supuesta víctima; y enfatizó la existencia de tesis jurisprudenciales que establecen que cuando el testigo singular no puede tener otro elemento de prueba, no puede haber resolución condenatoria.

Por tanto, consideró que a estas alturas del proceso y bajo el propósito de la Ley de Amnistía del Gobierno federal, a la Fiscalía Mexiquense nada le costaría pedir el sobreseimiento de esta carpeta (en las dos primeras no se le vinculó a proceso) y una nueva que le fue construida por el presunto delito “de extorsión”, después de denunciar la existencia del autogobierno en el penal de Ecatepec.

Independientemente de ello, confió en que a la brevedad recuperará su libertad, por el simple hecho de que es inocente, pues a más tardar en mayo debe dictarse sentencia por la tercer carpeta de robo, y en agosto por la de extorsión.

En el caso de la de robo, la 63/2016, anticipó que el 28 de enero próximo inicia el desfile de las pruebas de descargo, para lo que cuenta con 12 pruebas presentadas en juicio oral y 16 supervinientes.

Por lo que toca a las pruebas de la parte acusadora, recordó que el pasado 14 de enero venció el plazo de 9 meses para presentar las pruebas de cargo, pero las dos últimas testigos de la víctima nunca se presentaron, de tal manera que Norma Leonor Olguín se quedó sin testigos de cargo.

“Durante la audiencia, quiso incorporar a juicio una constancia médica falsa para justificar que ese día no podía acudir Elizabeth Gregorio Zamora porque se había caído, con la intención de mantener viva la posibilidad de citar a una testigo a la que nunca le constaron los hechos, pero mi defensa le pidió al juez meterse a la dirección de profesiones para que vea que no existe esa persona que firmó la constancia; el juez se molestó y el ministerio público justificó que él no tiene conocimiento de la constancia, que alguien metió esa prueba sin su consentimiento”, detalló.

Tampoco acudieron las testigos Nancy Ruiz, ni la dueña de la supuesta tienda en que se compraron las bolsas de pintura; y la víctima ni siquiera pudo acreditar la compra de las pinturas en esa tienda; “no acredita la existencia del teléfono celular que presuntamente le robé porque presentó una póliza, ni la computadora hp porque sólo presentó la segunda hoja (de 11) de un estado de cuenta de Banamex en el que no aparecen los datos del titular ni las especificaciones de la cuenta, no refiere la compra de la computadora, y apenas en letra manuscrita se plasma el nombre de su esposo, Ricardo Enríquez Dávila.

“El juez ya no les aceptó un estado de cuenta… aseguran que compraron la computadora el 10 de julio de 2014, pero en el estado de cuenta no se especifica la compra de la computadora; ellos argumentan que el gerente de Coppel les puso con la mano que el estado de cuenta era la factura de una computadora HP”, expuso.

 

Además, prosiguió, “el perito asegura que se realizó el peritaje un mes después, pero el peritaje no acredita que se hayan preservado los elementos del hecho delictuoso”, destacó.

En el caso de los testigos que sí declararon, el esposo reconoce que no le constan los hechos, “y el cuñado ni siquiera nos acusa”.

Por todas estas razones, insistió: “mi inocencia está acreditada… Cómo el Estado de México puede seguir sustentando una mentira para no dejar salir a un prisionero de conciencia?”, replicó.