Una tarde difícil para Raymundo Martínez Carbajal en Congreso local

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Diputados locales reprocharon un incremento de 38% de los delitos a bordo del transporte público, a pesar de las cámaras de videovigilancia, botones de pánico y GPS´s durante la comparecencia del secretario de Movilidad, Raymundo Martínez, por la glosa del segundo informe de gobierno.

 

La morenista Liliana Gollas recordó que la Encuesta Nacional  sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 (ENVIPE – INEGI) revela que 53.7% de los delitos registrados en la entidad fueron robo o asalto en la calle o en transporte público, éste último ilícito ocupó el primer lugar en incidencia delictiva.

 

Del mismo estudio de opinión se desprende que en percepción sobre seguridad pública en lugares específicos, 89.8% de la población mayor de 18 años manifestó que el segundo espacio en donde se siente más insegura es en el transporte público, sólo después del cajero automático en la vía pública con 90.1%.

 

Además, 43% de la población manifestó que entre las actividades que dejó de realizar por miedo a ser víctima de un delito fue tomar un taxi, mientras que 38% dejó de usar el transporte público en 2018.

 

En tanto, el secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró de enero a agosto de este año la comisión de 6 mil 336 robos en el transporte colectivo, lo que representa un aumento de 8% con relación al mismo periodo del 2018.

 

Su correligionaria Monserrat Ruiz refirió que esta cifra representa un aumento de 38%, comparado con el año anterior, por lo que queda claro que la eficacia de las cámaras de videovigilancia reside en la capacidad de respuesta del cuerpo de seguridad.

 

También advirtió que la implementación del transporte con perspectiva de género no es satisfactorio, pues en un derrotero (Tultitlán-Indios Verdes) sólo existan 6 unidades rosas; apenas 22 unidades del sistema Mexibús son exclusivas para mujeres en sus 3 rutas; y una empresa del Valle de Toluca tiene dos autobuses rosas.

 

La pesedista Lourdes Garay indicó que pese a asegurarse que 10 mil 815 unidades del transporte público ya cuentan con cámaras de videovigilancia, botones de pánico y sistemas de localización GPS, de nada sirven si, en el mejor de los casos, la Policía llega al lugar en que se cometieron los delitos cinco minutos después. El petista Francisco Solorza también criticó la inseguridad que prevalece en el sector.

 

De igual manera Ruiz Paez lamentó que sólo 260 operadores de transporte público en el Estado de México estén certificados por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, a través del mecanismo denominado “operación de vehículo de transporte público individual”.

Montserrat Ruiz Paez, diputada de MORENA en Estado de México

Solorza Luna reprochó, por su parte, que los concesionarios de grúas se hayan apostado en las inmediaciones de la Legislatura con sus vehículos para agradecer al funcionario las concesiones. “Es grotesco, contrario a su quehacer”, señaló. Y acusó la existencia de tarifas elevadas para el pasaje que implican entre 30 y 40% del ingreso, además de deficiencias de movilidad que llevan a la pérdida de 4 horas diarias en traslados.

 

En tanto, Martínez Carbajal afirmó que casi 100 mil concesiones de transporte público en la entidad ya son regulares, lo que representa 60% de las otorgadas, y comprometió en que 2020 serán regularizadas la totalidad.

 

Indicó que este año se sustituyeron 24 mil unidades, 73% más que el año anterior, de tal manera que ya son casi 38 mil vehículos sustituidos en lo que va de la administración con una inversión de los concesionarios superior a los 40 mil millones de pesos.

 

Indicó que la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía mexiquense y la Comisión estatal de Derechos Humanos han realizado 384 operativos en los que se revisaron más de 11 mil unidades y se retiraron de circulación 5 mil vehículos que incumplían la normatividad.

 

“A la fecha, más de 11 mil unidades cuentan con cámaras, botón de pánico y sistema de posicionamiento global (GPS), las cuales son monitoreadas por las empresas transportistas, el Centro de Control y Gestión de la Operación del Transporte Público y el C5”, indicó.

 

Afirmó que se realizaron 458 operativos para salvaguardar la vida de los usuarios, en los que se aplicaron más de 114 mil pruebas toxicológicas y de alcoholemia a operadores; 508 resultaron positivos y se encuentran sujetos a proceso.

 

Para reforzar la seguridad de la comunidad estudiantil, indicó que opera el Programa Sendero Seguro que se presta a diez planteles de educación superior; y se realizaron 27 operativos con perspectiva de género en 11 municipios con declaratoria de AVG, además de Amecameca, Atlautla, Ozumba y Tlalmanalco.

 

El funcionario estatal aclaró que la tarea de seguridad no es competencia de su dependencia, pero justificó que las cámaras sí inhiben la comisión de delitos.

 

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