La historia de la renuncia del titular del OSFEM

Con fecha 9 de agosto, Fernando Baz, auditor superior del Estado de México, entregó su solicitud de licencia definitiva al cargo, lo que ocurrió tres meses después de que el pleno de la Legislatura mexiquense había aprobado su remoción por parcialidad y omisión en su desempeño.

 

Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), confirmó la recepción del documento, e indicó que en los próximos días el Congreso local determinará los mecanismos para designar al nuevo titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), encargado de auditar el manejo de los recursos públicos en la entidad.

 

El pasado 24 de abril, la Comisión de Vigilancia del OSFEM acordó solicitar a la Jucopo iniciar el proceso de remoción de Baz Ferreira, por considerar que fue parcial y omiso en la revisión de las Cuentas Públicas estatal y municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

 

En el marco de la aprobación del informe sobre las Cuentas Públicas 2017, el pleno cameral avaló por unanimidad, el 30 de abril, destituir al funcionario parlamentario, pues durante la revisión de las finanzas públicas 2017 los hallazgos del organismo sobre presuntas anomalías fueron mínimos, contrastan con los realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) –como en el caso de la Estafa Maestra- y no se implementaron procedimientos resarcitorios.

 

Los diputados además acordaron reestructurar el órgano para eficientar sus tareas revisoras: “necesitamos que se reestructure el OSFEM, dando como primer paso la remoción y sustitución del auditor, derivado de lo que encontramos en nuestro análisis en las mesas de trabajo: que hay poca información sobre auditorías, no se  desempeña bien el trabajo y hay una actitud de parcialidad en su labor”, acusó entonces el morenista Tanech Sánchez, presidente de la Comisión de Vigilancia de éste órgano.

 

Hace unos días, Sánchez Ángeles anticipó que solicitaría a la Contraloría del Poder Legislativo indagar la evolución patrimonial de Fernando Baz y la de su familia durante los 9 años de su encomienda, con el propósito de verificar que no hubiera incurrido en ninguna irregularidad durante su desempeño.

 

“No es un capricho oponerse a que se mantenga un régimen corrupto… no lo vamos a permitir. Es un exigencia de la ciudadanía”, dijo sobre el tema.

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