Funcionarios de finanzas del GEM proponen sancionar con cinco años de prisión a contribuyentes incumplidos

Los contribuyentes mexiquenses que en 2020 incumplan dos requerimientos de la misma obligación se convertirán en delincuentes y serán sancionados con una pena de uno a cinco años de prisión y de 60 a 200 días multa, conforme a la propuesta de reformas al Código Financiero planteada por el Gobierno estatal a la Legislatura local.

 

La modificación, integrada al proyecto de Paquete Fiscal 2020 que los diputados aún deben analizar, modificar y aprobar, adiciona un párrafo al artículo 20 Bis para que:

 

“En caso de incumplimiento a dos requerimientos respecto de la misma obligación, los hechos se deberán hacer del conocimiento de la autoridad competente, para que se proceda por desobediencia a mandato legítimo de autoridad competente en los términos de la legislación aplicable”.

 

Esta tipificación, según lo explica el Ejecutivo mexiquense en la exposición de motivos, se traduce en el delito denominado “Desobediencia”, señalado en el Capítulo I, del Subtítulo Segundo, del Título Primero del Libro Segundo del Código Penal del Estado de México, en el que se incluyen los delitos contra la administración pública.

 

Específicamente el artículo 117 del Código Penal estatal establece que: “comete el delito de desobediencia el que sin causa legítima rehusare prestar un servicio de interés público a que la ley lo obligue… Al responsable de este delito, se le impondrán de uno a cinco años de prisión y de 60 a 200 días multa”.

 

En la exposición de motivos, la iniciativa arguye que: “resulta indispensable el establecimiento de lineamientos actualizados y eficaces para la recaudación… para la preservación de la estabilidad financiera en el marco del comportamiento de la economía nacional”.

 

Una parte sustancial de la política económica de un gobierno, prosigue el texto, es la política fiscal, por lo que “resulta necesario replantear y mejorar las estrategias y esquemas de tributación y recaudación estatales y municipales, considerando que las necesidades sociales y, consecuentemente, los requerimientos presupuestales en cada ejercicio fiscal van en aumento, lo que vuelve relevante tomar medidas para facilitar a la población el pago de sus contribuciones y poner en marcha mecanismos que promuevan la actitud solidaria del contribuyente hacia las obras y acciones de gobierno, orientadas al beneficio de todos los sectores de la población”.

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