El mecanismo de Alerta de Género no ha fracasado, han fallado las autoridades: Ana Yurixi

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La asignación de apenas 0.01 por ciento del presupuesto de la entidad para abatir la violencia de género, revela la poca voluntad y desinterés del Gobierno mexiquense para implementar las medidas obligadas en la AVG, advirtió Ana Yurixi Leyva, integrante de la Coordinadora estatal del Partido del Trabajo (PT).

 

La petista recordó que la nueva declaratoria por desapariciones otorga a las autoridades un plazo de 60 días para asignar recursos humanos y financieros suficientes, y coincide con la elaboración de su propuesta de Presupuesto 2020, el análisis y aprobación por la Legislatura del Estado de México.

 

“El Gobierno estatal y la Legislatura local se encuentran en la coyuntura ideal para asignar recursos suficientes y etiquetados para atender las medidas que reclaman ambas alertas (por feminicidios y por desapariciones), porque viene la construcción del Paquete Fiscal 2020. No hay pretextos”, dijo.

 

El Presupuesto de Egresos del Estado de México 2018, recordó, implicó más de 280 mil 706 millones de pesos. En su artículo 14, etiqueta 30 millones de pesos de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos en “acciones para la mitigación de la Alerta de Género declarada en 11 municipios del Estado de México”, lo que significó apenas 0.01 por ciento del total para abatir los feminicidios. “De ese tamaño ha sido para el Gobierno estatal la importancia de la primera alerta”, señaló.

 

En el Presupuesto 2019, se consideraron más de 291 mil 059 millones; el artículo 14 replica los 30 millones de pesos para acciones de “mitigación de la Alerta de Género”. “Mientras el presupuesto crece, no los recursos para la alerta”, expuso.

 

Por tanto, Leyva Piñón advirtió que la AVG por feminicidios no ha fracasado. “Han fallado las autoridades encargadas de implementar las medidas que contemplan, por corrupción, impunidad o ineptitud”.

 

Respaldada por Norberto Morales, su dirigente estatal, destacó que no se puede descalificar la alerta porque es un logro de la sociedad civil, de los organismos promotores y familiares de víctimas; es un derecho adquirido por y para las mujeres.

 

Además, es un mecanismo único en el mundo que visibiliza la problemática. Gracias a él se han creado instituciones y se le están asignando recursos, insuficientes todavía no por la alerta misma, sino porque las autoridades no se han tomado en serio el problema.

 

La AVG por desapariciones en siete municipios mexiquenses, mencionó, es la primera de su tipo en el país, y está obligada a sentar un precedente para entidades como Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México, también con elevada estadística.

 

Se requiere, destacó, que las desapariciones se vinculen con delitos como la trata de personas y los feminicidios; que se implementen protocolos urgentes y obligatorios, sin estereotipos ni victimización.

 

Por su parte, Laura Curiel, presidenta de la organización Alondras Unidas, colectivo ecatepequense peticionario de la segunda alerta por desapariciones, acusó que la Comisión de Búsqueda estatal adolece de personal capacitado, los ministerios públicos no tienen preparación y carecen de sensibilidad, revictimizan, son insuficientes y no tienen estructura.

 

“Falla la búsqueda en vida porque no tienen mecanismos… saben dónde están los tratantes pero es donde menos buscan”, lamentó.

 

Debido a la incapacidad y falta de voluntad demostrada por las autoridades, indicó que son las familias de víctimas quienes se han convertido en buscadoras: “no podemos sentarnos a esperar”.

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