Diputados piden a Poder Judicial retirar cargos contra Humbertus Pérez

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La Legislatura mexiquense urgió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y al Poder Judicial estatal a retirar o sobreseer las dos denuncias penales aún vigentes en contra de José Humbertus Pérez Espinoza, activista considerado preso de conciencia por el Comité Cerezo debido a su lucha contra los fraudes inmobiliarios.

 

El exhorto va dirigido, en primer término, a la FGJEM para que retire o sobresea las causas penales 161/2018 (por robo a casa-habitación con modificativa de haberse cometido con violencia) y 372/2018 (por extorsión) “que tienen privado injustamente de su libertad al activista y defensor del derecho humano de segunda generación a la vivienda digna y decorosa José Humbertus Pérez Espinoza y obtenga su libertad”.

 

Además, llama al Consejo de Judicatura del Estado de México y al área de Responsabilidad de la Escuela Judicial para que analice libremente ambas causas penales, pues al activista además le han sido violados los principios de presunción de inocencia, el debido proceso y el juicio justo, anomalías ignoradas por el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, tanto del fuero común como del federal, para “así acreditar su inocencia”.

 

De igual manera, apela a que la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura sustituyan al activista la prisión preventiva oficiosa por una o más medidas cautelares menos drásticas, como la fianza, la garantía económica y la presentación de firmas, entre otras.

 

Además, plantea que el Consejo de la Judicatura estatal analice la orden de aprehensión girada el 16 de enero de 2016 contra Pérez Espinoza, pues se libró para un delito diverso (robo a transporte de carga) al que se imputó (robo a casa-habitación con violencia), los datos de prueba de la captura no se acreditan en la formal acusación y se usaron testimonios de periciales privados –que no aparecen descritos en la orden de aprehensión- para vincularlo a proceso.

 

El punto de acuerdo promovido por el petista Armando Bautista fue avalado de obvia y urgente resolución por unanimidad de 61 votos, con la ausencia de Lilia Urbina Salazar, hija de Aarón Urbina, ex alcalde de Tecámac, quien es señalado por el Frente Mexiquense para una Vivienda Digna AC (FMDVD), organización de la que Humbertus es fundador, como uno de los políticos involucrados en las estafas de las unidades habitacionales.

 

Tampoco estuvieron presentes los morenistas Nazario Gutiérrez, Liliana Gollas, Max Correa, Adrián Galicia, Azucena Cisneros, Karina Labastida, Beatriz García, Dionicio García y Alfredo González; Anuar Azar, coordinador del PAN, y su correligionario Edgar Olvera; Alberto Couttolenc, coordinador del PVEM; y el petista Francisco Solorza.

 

En la exposición de motivos, Bautista Gómez recordó que el 19 de marzo de 2009 el FMDVD interpuso ante la PGR una denuncia cuya acción penal no ha sido ejercitada “porque los grupos económicos de la oligarquía financiera están detrás”.

 

Las cuatro carpetas de investigación fabricadas a Pérez Espinoza, señaló, tuvieron como finalidad evitar que siguiera defendiendo el derecho a la vivienda; por esta razón autoridades federales y del fuero común no han querido investigar la detención arbitraria del activista.

 

En contraste, el Comité Cerezo AC lo reconoce como prisionero de conciencia; y Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), como víctima de la fabricación de delitos en represalia por su lucha.

 

“José Humbertus Pérez Espinoza… aseguró que varios funcionarios y ex servidores públicos federales, estatales y municipales actuaron en colusión con empresarios de la construcción y cometieron delitos de peculado, fraude genérico y específico, ya que entre 1999 y 2011 se concedieron unos 10 millones de créditos hipotecarios sobrevaluados hasta en 40% otorgados sin que las constructoras cumplieran los requerimientos normativos estatales para la construcción de vivienda en asentamientos urbanos”, expuso.

 

Pérez Espinoza, prosiguió, “dio a conocer el mega fraude hipotecario e inmobiliario en México que tuvo como costo para la sociedad mexicana aproximadamente un billón 400 mil millones de pesos en políticas públicas fallidas”, expuso.

 

En las dos primeras carpetas fabricadas al activista, la 1718/2015 y la 1720/2015, ambas por robo a casa-habitación con violencia, no se logró confirmar el delito imputado y su inocencia causó ejecutoria.

 

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