Diputados lamentan desempeño de Fiscalía en Edomex

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En un palacio legislativo bloqueado por integrantes de las asociaciones civiles Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna (FMDVD), Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, Colectivo Feminista Ehécatl y Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos, compareció el fiscal Alejandro Gómez por la glosa del segundo informe.

 

Durante el ejercicio, diputados de todas las bancadas evidenciaron que los índices delictivos en la entidad se han incrementado, a pesar de la “autonomía” que se le otorgó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de que para este año le fue autorizado un aumento presupuestal de 16%.

 

“Tuvo un presupuesto superior a los 4 mil 463 millones de pesos y parte del recurso se utilizaría en la modernización de servicios y adecuación de espacios físicos”, recordó el morenista Gerardo Ulloa, quien, no obstante, cuestionó que solo se han creado cuatro centros de Justicia para mujeres, cuando el estado es uno de los más peligrosos del país ante las altas cifras de homicidios y feminicidios.

 

Para el laboratorio de Servicios Periciales en Ecatepec, prosiguió, se destinaron 43 millones de pesos, pero en diversas visitas de trabajo no se encontró ningún avance.

 

Su correligionaria Violeta Nova recordó que en 2018 se denunciaron 10% de los delitos en la entidad y el ministerio público inició investigación solo en 61.1% de esos casos, según la encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019.

 

Lamentó que el nivel de impunidad en la entidad sea de 97.6%, de acuerdo con la organización México Evalúa, por lo que cada vez es más frecuente ver grupos armados a plena luz del día en calles de diversos municipios, y delitos como la extorsión, cobro de piso, robo, secuestro y asesinatos son el pan de cada día de los mexiquenses.

 

Cuestionó las medidas para frenar las extorsiones que cometen policías de investigación y ministerios públicos, sobre todo en el sur de la entidad, donde detienen vehículos supuestamente irregulares y les piden hasta 15 mil pesos para su liberación, sin iniciar carpeta de investigación.

 

La panista Karla Fiesco recordó que sólo 1.14% de los delitos se denunciaron en 2018, conforme al Instituto Mexicano de la Competitividad; además, el Índice de Paz México 2019 del Instituto para la Economía y la Paz revela que el impacto económico de la violencia fue 10 veces mayor que la inversión pública en salud y ocho veces mayor que la inversión en educación en 2018; y en términos per cápita, el impacto económico de la violencia fue de 41 mil 181 pesos, más de cinco veces el salario mensual promedio de un trabajador exicano.

 

En 2018, prosuiguió, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evidenció a la entidad como la segunda con más denuncias a nivel nacional con 8 mil 398 carpetas de investigación, y se cometieron 105 secuestros de los 389 a nivel nacional (más de la cuarta parte).

 

El perredista Omar Ortega destacó que hay incremento en delitos como el robo en 11.25%, lesiones en 13.28%, homicidios en 22%, extorsión en 81.52%, secuestro en 27.66%; y en lo que va del año han ocurrido 81 feminicidios.

 

“En los hechos se respira impunidad; tardan más los delincuentes en llegar al MP que en ser liberados”, dijo.

 

El pevemista Alberto Couttolenc recordó que el Estado de México es la entidad del país con más reclusorios a nivel nacional, pero también con mayor sobrepoblación. Por ejemplo, dijo, Chiconautla tiene una capacidad para 900 hombres, pero alberga más de 4 mil. Más de 40% de los detenidos no han sido condenados; y hay dilación en la emisión de sentencias.

 

La pesedista Lourdes Garay consideró que en la entidad el crimen no tiene castigo; en lo que va del año, refirió, han ocurrido 85 asesinatos a operadores de transporte, y preguntó qué ha ocurrido con las 240 mil órdenes de aprehensión no ejecutadas, relacionadas con transporte público.

 

El petista Sergio García Sosa consideró insuficientes los resultados en materia de procuración de justicia, por lo que es necesario redoblar esfuerzos; acusó atención deficiente, lenta y malos tratos de servidores públicos de la FGJEM, pero agradeció la apertura del Centro de Justicia en Nicolás Romero y afirmó que “no todo es negativo”.

 

De forma paralela, integrantes de los colectivos exigían la liberación del activista José Humbertus Pérez Espinoza, considerado prisionero de conciencia por el Comité Cerezo A.C. por su lucha jurídica contra los fraudes inmobiliarios; y ser recibidos por el fiscal para agilizar la búsqueda de hijas desaparecidas.

 

Una comisión del FMDVD y de Presunción de Inocencia fue recibida por los diputados morenista Gerardo Ulloa, los petistas Armando Bautista y Luis Antonio Guadarrama, y la pesedista Julieta Riquelme, con quienes se acordó la promulgación del exhorto aprobado por la Legislatura en marzo pasado para agilizar la liberación de Pérez Espinoza; mantener el contacto directo con Alejandro Encinas, subsecretario de Derecho Humanos; y reunirse con el padre Alejandro Solalinde, con el fiscal Alejandro Gómez, con Rodrigo Espeleta, secretario de Justicia y Derechos Humanos, y con el presidente del Poder Judicial Estatal, Sergio Medina Peñaloza para analizar el caso.

 

En tanto, Alondras Unidas y Colectiva Ehécatl abordaron al funcionario al término de la comparecencia, mientras se aprestaba a abandonar la Legislatura por la puerta trasera, en demanda de ser recibidas, pero fueron bloqueadas por personal de seguridad y el funcionario se marchó sin acercarse a ellas, asegurando a la prensa que sí las ha atendido.

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