Despido laboral será la sanción a acosadores laborales en sector público del Edomex

Por decisión de la Legislatura local, será causal de rescisión de contrato ejercer acoso laboral en los espacios de trabajo del sector público estatal, tras ser avaladas por unanimidad del pleno reformas a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México.

 

La  iniciativa fue promovida por el perredista Omar Ortega, quien precisó que esta conducta es la que se presenta dentro de una relación laboral con el objetivo de intimidar, opacar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a una persona, con el fin de excluirla de la organización o satisfacer la necesidad, que suele presentar el hostigador, de agredir o controlar o destruir, a partir de una serie de actos o comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación laboral, en contra de algún empleado o del jefe mismo.

 

El acoso laboral también se configura cuando se excluye totalmente de cualquier trabajo asignado a la víctima, cuando se le agrede verbalmente, o se le asigna una excesiva carga en los trabajos que ha de desempeñar y cualquier otra conducta similar o análoga que atente contra la dignidad del trabajador.

 

Conforme a la modificación, el acoso laboral se clasifica en tres niveles conforme al sujeto activo: es horizontal, cuando se realiza entre compañeros del ambiente de trabajo, los sujetos activo y pasivo tienen la misma jerarquía ocupacional; vertical descendente, cuando ocurre por un superior jerárquico de la víctima; o vertical ascendente, éste ocurre con menor frecuencia y se refiere al hostigamiento laboral que se realiza entre quienes ocupan puestos subalternos respecto del jefe victimizado.

 

La reforma, plantea el dictamen, es congruente con las disposiciones constitucionales de respeto al derecho humano a la dignidad, prohibiendo toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

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