Gobernador Del Mazo ratifica Notarias cuestionadas… abogado denuncia el hecho y busca amparo

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En su carácter de director general de la asociación civil Abogados Sociales Progresistas, el litigante Óscar Valdés presentó ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales con sede en Toluca la demanda en contra del gobernador Alfredo del Mazo; del secretario de Justicia, Rodrigo Espeleta, y del titular de la Gaceta de Gobierno, por presuntamente violar la Constitución con la ratificación, ahora como titulares, de nueve notarios provisionales designados por el ex mandatario Eruviel Ávila, impugnados y suspendidos por el incumplimiento de requisitos de ley.

 

El amparo demanda declarar la nulidad del nombramiento, al considerar que viola los artículos 1, 14, 16, 17 y 95 constitucionales, y determinar la suspensión provisional -en su caso, definitiva- de las designaciones por el «grave perjuicio que se ocasionaría al Estado si no se detiene el proceso de designación, pues de protestar cumplir con el cargo conferido, sería jurídica y materialmente imposible restituir el orden que debe existir en el Estado Nación mexicano; y, consecuentemente, a los promoventes del amparo en el goce del derecho fundamental de tutela judicial efectiva».

 

De no conceder la suspensión, advierte, «estaríamos ante actos de imposible reparación, y ante una inconstitucionalidad».

 

Rodrigo Espeleta (izquierda), Óscar Valdes (centro) y Alfredo Del Mazo (derecha).

 

Desde el punto de vista del demandante, con el acuerdo promulgado el 19 de julio pasado, el mandatario mexiquense violentó, de entrada, el principio de igualdad consagrado en el artículo primero constitucional al designar unilateralmente a los fedatarios cuestionados, bajo criterios subjetivos (facultades discrecionales ), con lo que además

 

«menoscaba el derecho de los ciudadanos a la obtención e impartición de fe pública de una manera clara, trasparente e imparcial».

 

De igual manera, refiere el documento, los fedatarios en cuestión se encontraban impugnados por su designación como provisionales por incumplir los requisitos establecidos en la Ley del Notariado y, por tanto, son inelegibles.

 

El único mérito de Alejandro Agundis, Gustavo Fernández Sauri, Marcelo Rossetto Armida, Ricardo Giovann Arredondo Lino, Lorena Garate Mejía, Alfredo Jaramillo Manzur, Erasto Martínez Rojas, Francisco Xavier Borrego Hinojosa y Héctor Javier Astudillo Calvo, plantea el recurso de manera genérica, son sus relaciones políticas.

 

Empero, ninguno tiene experiencia notarial, requisito sinequoanon para el cargo; tampoco son profesionales del derecho con una antigüedad mínima en el ejercicio de cinco años anteriores a la fecha de solicitud; ni realizaron prácticas de manera ininterrumpida por un período mínimo de un año en alguna notaría del Estado de México; y se desconoce si les fue aplicado el examen  para aspirante a notario, todos requisitos establecidos por la Ley del Notariado de la entidad para ser designados fedatarios provisionales.

 

El artículo 12 de la citada ley, «exime de la obligación de presentar examen de aspirante, a quien se haya desempeñado como Notario interino o provisional en el Estado de México, siempre y cuando cumpla con los requisitos enunciados en el artículo anterior; siempre que resulte aprobatoria la evaluación que practiquen la Consejería y el Colegio».

 

Los nueve ahora titulares, plantea la demanda, además se encontraban cuestionados por las demandas de amparo 1202/2017 de Teresa Hernández y 19/2017 concedido a Juan Carlos Ruiz, ambos en revisión, pues fueron concedidos por los juzgados tercero y cuarto; además existía una suspensión definitiva en dado caso debieron esperar a que pasar el año y se le notificara a los quejosos pues la última revisión en contra del amparo que se concedió a un no se notifica.

 

Adicionalmente, refirió, la Ley del  Notariado del estado de México marca una convocatoria que nunca existió, lo que vulnera el principio de igualdad jurídica.

 

Valdés Rodríguez define a los notarios como «profesionales del derecho sin vinculación partidista, sin sometimientos al Poder Ejecutivo; de excelente reputación y que haya servido con eficiencia, capacidad y probidad en la fe pública concesionada, que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica», que realizan labores de peritaje.

 

«La ratificación de los notarios es un nuevo acto reclamado que es más grave, pues pretende validar un acto cuestionado, en su origen viciado por ilegalidad… la ratificación no se da un función de una nueva competencia; es decir, el nuevo gobernador hace suyos los nombramientos previos y se trata de nuevos nombramientos toda vez que los anteriores tuvieron efectos nulos, nunca fueron notarios titulares, por lo que el nuevo acto reclamado es y debe ser combatido».

 

Para el denunciante, el hecho de que tres notarios cuestionados no fueran ratificados (Omar Martínez Vargas, Angélica Alatorre Carbajal y Beatriz Corona Mercado) respalda la ilegalidad de su designación como provisionales.

 

«La autoridad solo basa su estrategia en que es facultad del gobernador la designación, aunque incumpla la ley», añade.

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